En un trabajo articulado entre la Defensa Jurídica del Estado, la Procuraduría Pública Regional y el compromiso de ciudadanos y grupos ambientalistas de San Martín, se logró la derogatoria e inaplicación de la Ley N.º 31973 llamada también la ley anti forestal.

La sala civil del Poder Judicial San Martín, declaró la inaplicación de la única disposición complementaria de dicha norma, que marca el cierre de una intensa y sostenida batalla legal emprendida en defensa del los bosques y los derechos del territorio sanmartinense.

La procuraduría pública regional comunicó al gobierno regional de San Martín (GORESAM) esta resolución, que representa un hito jurídico que se suma a la sentencia previa del Tribunal Constitucional, que hasta hace poco había declarado la inconstitucionalidad de esta Ley, sin embargo, aún quedaba pendiente la disposición complementaria, que igualmente queda sin efecto, como una victoria jurídica de San Martín.

Luis Wellinton del Águila Diaz, especialista temático en materia legal de la procuraduría publica regional, dijo que este resultado no es casual debido a que San Martín fue la única región de la Amazonía peruana que mantuvo una posición firme, técnica y sostenida en rechazo a la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre.

Se logró con el liderazgo del gobernador regional Walter Grundel Jiménez, en articulación con sociedad civil organizada y grupos ambientalistas, entre ellos la Asociación Eco Guerreros del Perú y del Mundo, organización que presentó una demanda de amparo contra esta Ley, por ende, la norma ponía en riesgo la integridad de los bosques.

Atentaba contra el patrimonio forestal reconocido al permitir la validación irrestricta de certificados de posesión, desconociendo la opinión vinculante de la zonificación forestal, que habría puertas a la deforestación indiscriminada, el tráfico de tierras y la ocupación desordenada dentro del patrimonio forestal, poniendo en grave riesgo la integridad de los bosques amazónicos y las comunidades de las cuales dependen.

Con el respaldo de ambas instancias, el Tribunal Constitucional y la Sala Civil de San Martín, se garantiza que esta Ley no será aplicada en esta región, logrando así, la autonomía de San Martín, fortalece la institucionalidad regional y demuestra que, cuando existe unidad, firmeza y sustento técnico, es posible defender los derechos de la población frente a normas que vulneran sus intereses.