El nuevo ministro del Interior, Julio Díaz Zulueta, se desempeñó como jefe de la Región Policial Lambayeque, en el periodo 2020, y fue separado de su cargo tras ser incluido en una investigación por presunta corrupción por la Fiscalía de Lambayeque.

Este indignante caso que tomó connotación nacional, fue investigado por la Fiscalía Anticorrupción tras haberse puesto en evidencia que los equipos de “protección” contra la covid-19, comprados bajo la dirección de Díaz Zulueta, no protegían en lo más mínimo la salud del personal policial de Lambayeque, Cajamarca y Amazonas, que diariamente laboraba en las calles para evitar la propagación de esta enfermedad, exponiendo su vida y la salud de sus familias.

Según trascendió, algunos involucrados en el proceso de compra de insumos habrían confesado la participación de altos oficiales de la PNP de Lambayeque en estos repudiables actos, por lo que la Fiscalía vendría alistando diligencias, como el allanamiento de inmuebles y la detención de varios de involucrados, entre los que figuran altos mandos policiales.

El peritaje elaborado por el Ministerio Público fue determinante para establecer la responsabilidad penal de los involucrados, al determinarse que el alcohol en gel que debería contener un porcentaje mínimo de 60 % de alcohol etílico, en realidad contenía alcohol industrial o metílico al 6 %, siendo esta última sustancia no apta para el uso de las personas y causante de lesiones y otras afecciones cutáneas.

Tras conocerse la noticia de la separación de Julio Díaz Zulueta y las causas de la misma, efectivos de la Región Policial Lambayeque, que prefirieron mantener su identidad en reserva, expresaron su repudio al hoy ministro del Interior, pidiendo que sea expulsado de la institución y que recaiga todo el peso de la ley, por atentar contra la salud y la vida del personal policial bajo su mando.

Como se recuerda, el cuestionado oficial ya había sido acusado anteriormente de favorecer al «Cártel de la construcción» en el caso de la azucarera Cayaltí, así como de haber facilitado la usurpación de la azucarera Pucalá, por lo que mantiene varios asuntos pendientes ante el Ministerio Público por su cuestionado desempeño como jefe policial de la entonces II Macrorregión Norte.