El Poder Ejecutivo promulgó la Ley N° 32069, Ley de Contrataciones Públicas, aprobada por el Congreso de la República, que tiene por objeto establecer el marco normativo para efectivizar la contratación oportuna de bienes, servicios y obras, así como regular, en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento, la participación de los actores involucrados en el proceso de contratación pública.

En ese sentido, esta norma tiene como finalidad maximizar el uso de recursos públicos en las contrataciones de bienes, servicios y obras por parte del Estado, en términos de eficacia, eficiencia y economía, de tal manera que dichas contrataciones permitan el cumplimiento oportuno de los fines públicos y mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos.

La ley fue motivo de un pre dictamen en la comisión de economía con proyecto de ley número planteado por la parlamentaria Mary Acuña Peralta.

La parlamentaria señalo que en todo el país se recibe quejas de autoridades y gestores públicos, ante las trabas existentes en los procesos que debería ser agiles y oportunos, sumándose a ello los asfixiantes controles concurrentes de la Contraloría General de la República, trayendo consigo una parálisis en la inversión pública, por lo que que era necesario encarar con acciones coherentes y oportunas.

Indicó que para tales efectos la norma regula la actuación de los actores involucrados en la contratación pública que son la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas (DGA), el Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE), la Central de Compras Públicas (Perú Compras), las entidades contratantes y los proveedores.