Preocupación ha provocado al interior del Instituto Nacional Penitenciario – INPE Región Norte, y es que se ha revelado que el jefe de Seguridad del Penal de Chiclayo, Julio Belarmino Doma Flores registra antecedentes por abuso de autoridad, e incluso por el favorecimiento a la fuga en favor de un peligroso narcotraficante.

Del récord de antecedentes de Doma Flores se desprende que el 07 de julio pasado fue denunciado por abuso de autoridad, pero lo más sorprendente es que ostentando el cargo de Jefe de Seguridad del Penal de Chiclayo, registre una investigación por el favorecimiento a la fuga peligroso del peligroso narcotraficante Pablo Corzo Rodríguez, quien en febrero del 2013 huyó del hospital Hipólito Unanue de Lima, hasta donde fue trasladado desde el Penal Miguel Castro Castro, por una supuesta dolencia al corazón.

Se conoce incluso que, por este caso, el actual jefe de Seguridad del Penal de Chiclayo, fue internado en un reclusorio de Lima, con mandato de detención del 25 de febrero del 2013, con Oficio N° 049-2013-INPE/18-241-JTC, emitido por la Sala Permanente de Lima, por delito de favorecimiento a la fuga.

A la vez, en los antecedentes de Julio Doma Flores, se anota que en diciembre del 2012 se le instauró un proceso administrativo al advertirse en el informe No 488-2012-INPE/09.01-ERyD de fecha 09 de julio de 2012, que «el servidor habría incurrido en inasistencias injustificadas a su centro de labores en su servicio de 24×48, durante el año 2010 en los días: 13, 14 y 15 de febrero (03); 15, 16, 17 y 30 de junio (04); 01 y 02 de julio (02); acumulando nueve (09) días de inasistencia, incurriendo en ausencias injustificadas por más de cinco días no consecutivos en un periodo de treinta días calendarios». La Comisión Permanente de Procesos Administrativos Disciplinarios del INPE revisó el caso.

Fuentes han detallado que, pese a todos estos antecedentes, Julio Doma Flores sería inamovible de su puesto como jefe de Seguridad del Penal de Chiclayo, presuntamente avalado por «amistades», aprovechando esto para perpetrar una serie de actos de abuso de autoridad en agravio de la población carcelaria, incluso del personal INPE a su cargo.