La Contraloría General de la República identificó un perjuicio económico de S/ 89 216 al Gobierno Regional (GORE) de Lambayeque debido a irregularidades en la ejecución de la obra de creación de pavimento y veredas en los sectores Ramón Castilla, Augusto B. Leguía y José Olaya, ubicados en el distrito de Pucalá, provincia de Chiclayo. El proyecto contó con una inversión actualizada de S/ 6 645 449.

En el Informe de Auditoría de Cumplimiento n.° 030-2026-2-5343-AC, que evaluó el periodo del 14 de abril de 2023 al 12 de enero de 2026, se señala que el perjuicio económico se produjo debido a que servidores públicos aprobaron pagos sin aplicar las penalidades contractuales correspondientes, otorgaron conformidad a metrados no ejecutados y entregaron el terreno para la ejecución de la obra sin contar con su disponibilidad total.

Al respecto, se constató que, pese a conocer que se habían ejecutado las partidas de pavimento rígido en vía urbana y pavimento adoquinado para tránsito peatonal, la entidad aprobó la liquidación de la obra sin descontar S/ 29 279 por trabajos no realizados y tampoco se aplicaron las penalidades correspondientes al contratista y a la supervisión, por S/ 25 750 y S/ 5150, respectivamente, por dicho incumplimiento.

A ello se suma la aprobación de la valorización n.° 5 de la ejecución de obra, sin descontar una penalidad de S/ 2575 por la demora del contratista en subsanar las observaciones a los planos de replanteo y presentar un informe técnico requerido. Del mismo modo, se aprobó la valorización n.° 7 de la supervisión y la liquidación del contrato de supervisión sin aplicar una penalidad de S/ 2675 por la ausencia de personal en obra.

La auditoría también evidenció que el GORE entregó el terreno para la ejecución del proyecto sin contar con su disponibilidad total, debido a la presencia de viviendas y cercos que ocupaban áreas destinadas a las vías, así como a interferencias ocasionadas por postes de energía eléctrica. Esta situación provocó retrasos que afectaron la ruta crítica de la obra y motivaron una ampliación de plazo de 17 días, lo que generó un pago adicional de S/ 23 786 por la extensión del servicio de supervisión.

Por estos hechos, la Contraloría identificó presunta responsabilidad civil y administrativa en tres exdirectores de Supervisión y Liquidación del GORE Lambayeque, y recomendó a la Procuraduría Pública y al titular de la entidad regional iniciar las acciones civiles y administrativas correspondientes, en el marco de sus competencias.