A través del Decreto de Urgencia n° 007-2026, el Gobierno dispuso la transferencia excepcional de S/105 millones desde la Reserva de Contingencia del Ministerio de Economía y Finanzas, para garantizar la continuidad de los servicios públicos de transporte terrestre y mitigar el impacto del incremento del costo de los combustibles sobre los pasajes, fletes y costos logísticos.

La norma, publicada en el diario oficial El Peruano, establece dos mecanismos de auxilio económico directo destinados a transportistas de pasajeros —en los ámbitos nacional, regional y provincial— y de mercancías.

Esta intervención constituye una barrera crítica contra la «inflación por costos». Al subsidiar el insumo principal de la cadena de valor del transporte, el Estado busca evitar el traslado inmediato del encarecimiento del crudo a los fletes y pasajes a los hogares de los peruanos.

De acuerdo con el decreto de urgencia, los conflictos geopolíticos han disparado los precios internacionales de los combustibles a niveles que «comprometen la sostenibilidad financiera de las empresas de transporte».

«Y, ante la imposibilidad de cubrir los costos de combustible, existe un riesgo inminente de paralización o reducción drástica de la flota operativa, lo que vulneraría el derecho constitucional de los ciudadanos al libre tránsito y al acceso a un servicio público esencial e ininterrumpido», dice el documento.

En las regiones de Ucayali, Loreto, Arequipa y Tacna se han registrado protestas sociales contra el incremento del diésel y la gasolina.