En el año 2025 se reportaron 410,958 solicitudes de acceso a la información pública, provenientes de 539 entidades públicas, las cuales remitieron información a la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Antaip) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH).

Estos datos forman parte del “Informe anual sobre solicitudes de acceso a la información pública y el nivel de cumplimiento en la actualización de información pública en los Portales de Transparencia Estándar – Año 2025”, publicado por la entidad, a través de la Antaip.

El informe detalla el estado del ejercicio del derecho de acceso a la información en el país, así como el nivel de publicación de información respecto al uso de recursos públicos y la gestión de las entidades en sus portales de transparencia. Según la data reportada por las entidades, el 98.5% de las solicitudes de acceso fueron atendidas, el 0.6% se encontraba en trámite y el 0.9% no fue atendido.

Como cada año, el Poder Ejecutivo y sus entidades adscritas concentraron el mayor número de solicitudes, representando el 51.8% del total, seguido por las municipalidades distritales (16.9%) y las municipalidades provinciales (15.2%). Asimismo, se registró un incremento significativo en las solicitudes presentadas ante municipalidades distritales (+110.8% respecto al año anterior), esto asociado al aumento de entidades que reportaron información a la Antaip.

En cuanto a los temas de mayor interés ciudadano, las solicitudes se concentraron principalmente en información vinculada a las competencias de las entidades públicas (47.1%), como informes, estudios, expedientes y opiniones técnicas. Le siguen las solicitudes relacionadas con el personal (13.2%), referidas a información como nombre, régimen laboral, cargo y remuneración. Asimismo, un 8.4% corresponde a pedidos sobre datos generales de las entidades, como el directorio y normas que las rigen o emiten.

El informe también identifica los principales factores que afectan la atención de las solicitudes. En particular, destaca que el 39.8% de las solicitudes no atendidas se explica por la falta de articulación entre las áreas que poseen la información y aquellas responsables de atender los pedidos, lo que evidencia la necesidad de fortalecer los procesos internos en las entidades públicas.

Asimismo, el documento recoge las buenas prácticas implementadas por diversas entidades, como la derivación más célere de las solicitudes, la capacitación del personal, la implementación de canales virtuales de atención y la capacitación del personal. También identifica las principales necesidades institucionales, siendo el fortalecimiento de capacidades del funcionariado uno de los aspectos más relevantes (68.5%).