El 90 % de los incendios forestales registrados las últimas semanas en la región San Martín fueron causados por la intervención humana, principalmente por quemas de rastrojos agrícolas, pastizales y residuos sin la adecuada precaución y que terminan convirtiéndose en siniestros de gran magnitud.

Estos incendios forestales no solo ponen en peligro a las poblaciones locales, sino que destruyen el patrimonio natural y la biodiversidad, advirtieron funcionarios del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER), quienes confirmaron esta información.

Según el COER, esta alarmante cifra es el resultado de las investigaciones y reportes de los secretarios técnicos de Defensa Civil de cada provincia, lo que refleja una creciente preocupación por la negligencia y las acciones intencionales que ponen en riesgo nuestros recursos naturales, la fauna silvestre y la seguridad de las comunidades cercanas.

Ante esta crítica situación, la Fiscalía de Prevención del Delito ha recibido la solicitud formal del gobernador Walter Grundel Jiménez, para que se tomen acciones inmediatas contra los responsables de estos incendios, buscando que se implementen medidas contundentes para evitar la impunidad y generar conciencia en la ciudadanía sobre el impacto devastador de estas acciones.

La quema de terrenos para preparar la tierra para la siembra es un proceso muy peligroso que puede contribuir en la generación de incendios. Es importante que el campesino, agricultor o dueño de terrenos forestales se informe sobre los procedimientos para llevar a cabo una quema agropecuaria. Los materiales secos que yacen en los suelos forestales sumados a calor y oxígeno, producen la fórmula perfecta para crear la primera chispa de lo que podrá ser una llamarada o convertirse en un incendio devastador.

Las autoridades instan a la población a colaborar en la identificación de las personas que promueven prácticas ilegales que atentan contra el medio ambiente. De igual manera se recuerda que la tala, quema o destrucción de bosques o recursos naturales es sancionado con una pena base de 4 a 6 años de prisión. Sin embargo, esta condena se puede agravar de 10 a 12 años.

El llamado a la prevención y la responsabilidad ciudadana es urgente, ya que los daños causados por los incendios no solo afectan el entorno natural, sino que también representan una amenaza para la salud pública y los medios de subsistencia de muchas familias.