Entre el 7 de diciembre de 2022 -fecha en que inició la gestión de Dina Boluarte- y el 7 de diciembre de 2024, la prensa peruana ha enfrentado un total de 740 ataques, según el registro de la Oficina de Derechos Humanos de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP).

Los datos señalan que los funcionarios públicos son responsables de 217 ataques (más del 29% del total), lo que pone de manifiesto la preocupación de que las amenazas y agresiones provienen de quienes están en el poder. Este dato es especialmente alarmante, pues refleja una vulneración de los derechos de la prensa por parte de quienes deberían garantizarla.

El Ejecutivo al ataque del periodismo

El Poder Ejecutivo acumuló 44 casos de agresión a periodistas durante estos dos años. La propia presidenta Boluarte ha protagonizado episodios de confrontación, como el 18 de setiembre de 2023, cuando calificó de «agresiva» a la periodista Angélica Valdés tras una reunión en Nueva York. En noviembre de 2023, criticó un reportaje de Cuarto Poder que revelaba reuniones secretas de su hermano Nicanor Boluarte, quien ahora se encuentra prófugo de la justicia, calificándolo de difamatorio.

En 2024, su hostilidad aumentó. El 5 de abril evitó responder sobre el escándalo del Rolex, y el 16 de septiembre, en Pomacocha, contestó agresivamente al periodista Luis Chuqui: “¡No necesito sus lágrimas!”. En octubre, la presidenta denunció un supuesto «terrorismo de imagen», acusando a medios de desestabilizar su gobierno con noticias falsas.

A estos incidentes se suman restricciones directas al acceso a la información, como las sufridas por periodistas en Piura, Huaral y San Martín, donde fueron retenidos o bloqueados durante sus visitas oficiales. En el suceso más reciente, el 31 de octubre en Juanjuí, región San Martín, un grupo de aproximadamente 15 periodistas de medios locales fue retenido, encerrados entre rejas hasta que Boluarte se retiró del evento. Este patrón se ha vuelto habitual en las actividades oficiales de Presidencia.

El ministro Juan José Santiváñez ha registrado al menos 16 incidentes de ataques, entre los que destacan estigmatizaciones y amenazas, desde que asumió el cargo el 16 de mayo del 2024. Entre ellos, calificó de «fracasado» al periodista Marco Sifuentes y amenazó con iniciar acciones legales contra Ricardo Velazco y César Hildebrandt.

También fueron utilizadas las redes sociales oficiales del Ministerio del Interior para desacreditar reportajes y advertir campañas de desprestigio.

Un entorno más hostil

Autoridades locales, como gobernadores regionales, alcaldes y también congresistas figuran en la lista de agresores. De los 217 ataques perpetrados por funcionarios públicos, 39 (18%) provienen del Congreso, evidenciando que la violencia contra la prensa no solo se limita al Ejecutivo, sino que también involucra al Legislativo.

Esta cifra refleja un año de creciente violencia contra periodistas, especialmente en un contexto de polarización política en el país. En paralelo, los bloqueos al acceso a la información se han convertido en otra forma de censura, con 128 ataques (de los cuales 64 ocurrieron en 2024), limitando la capacidad de los periodistas para obtener datos relevantes para sus reportajes, viniendo desde fuentes oficiales como el Ministerio de Defensa y en una abierta vulneración a lo prescrito en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Los medios digitales han sido los más hostilizados, con 327 ataques, lo que representa casi la mitad de los incidentes totales. Los medios televisivos y radiales también sufren, pero con menos incidencia: 197 y 117 ataques, respectivamente. Esto confirma una tendencia donde los medios de comunicación digitales, se convierten en los blancos más frecuentes.

Libertad de prensa sin protección

Con un total de 740 ataques en dos años, la agresión a periodistas se ha convertido en un problema sistémico, donde el hostigamiento, las amenazas y las agresiones físicas son la norma, registrando en promedio un caso diario. La implicación de funcionarios públicos y agentes de seguridad en la mayoría de estos genera una preocupación alarmante sobre el respeto a la libertad de prensa y la protección de los derechos humanos en el país.