Avanza la justicia para nuestra comunidad expresó Edivar Carrasco Vásquez presidente de la comunidad explicando las buenas nuevas con la reciente disposición “no formalizar ni continuar la investigación preparatoria” y de archivo a la denuncia por usurpación agravada y por coacción de la que había sido objeto toda su directiva comunal, así como, integrantes de la Junta de Administración Local del Caserío Boca de Tigre.

Esta grave denuncia que había sido interpuesta por la Empresa Constructora Tapia y Espinoza SAC, representada por Sergio Enmanuel Díaz Espinoza y Segundo Tapia García ante la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo, en razón de que la comunidad había construido un cerco el 01 de enero de este año, hecho que no les permitía el libre tránsito para extracción de agregados y desarrollar sus operaciones desde su campamento que habían instalado en la quebrada Hualtacal, cerca al Centro Poblado de Pampa Grande.

Los representantes de esta empresa minera manifestaban estar en posesión desde julio del 2022 y que contaba con las autorizaciones para la extracción de piedra, arena y hormigón por parte de la Autoridad Nacional del Agua ANA y de la Municipalidad de Chongoyape. Además, durante el proceso de investigación a cargo del fiscal José Luis Fernández Sirlopú, presentó la Resolución Ejecutiva Nº000028-2024-GR. LAMBAYEQUE, del 27 de febrero del 2024, suscrita por el Gerente Ejecutivo de Energía y Minas, Adner Rojas Pérez, donde se les otorga su concesión minera denominado Piedra Azul Norte.

Desde la fiscalía, si bien se valoró esta documentación se precisó que las mismas “no autorizan, ni facultan, ni otorgan, ni trasladan posesión alguna” a favor de los denunciantes. Y que las mismas también contemplan la obligación del titular de la concesión de obtener el permiso el titular del predio, en este caso la Comunidad Campesina Muchik Santa Catalina de Chongoyape, la misma que en Asamblea general extraordinaria de fecha 09 de julio del 2023 acordó por mayoría absoluta negar la autorización a la extracción y transito de materiales.

Detallándose, que el denunciante, conforme consta en el acta de Asamblea, al estar presente en la misma no podía alegar desconocimiento de no contar con los permisos respectivos.

Finalmente, Edivar Carrasco como presidente de la comunidad, valoró el trabajo fiscal y de su defensa legal a cargo del Dr. José Yarlaqué Bances, para evitar que a los defensores de Chaparrí se les siga criminalizando. Detallando, además, que el referido denuncio minero al cual hacía referencia se ha concedido afectando tierras que son parte de la Reserva Ecológica de Chaparrí.

En esa medida cuestionó el accionar de las autoridades que lejos de proteger nuestras Áreas Naturales Protegidas, como manda la constitución de nuestro país, más bien facilitan el accionar de actividades que generarían un daño irreparable a Chaparrí, el pulmón verde de Lambayeque.