El regidor oficialista, Carlos González García, dejó a un lado sus huestes partidarias y ‘disparó’ contra su alcaldesa, Janet Cubas Carranza, cuestionándole una serie de hechos devenidos de la escandalosa denuncia por la irregular entrega de 20 tarjetas únicas de circulación (TUC) a favor de una empresa de transportes (colectivos) de la ruta Chiclayo – Reque.

«Se sabe que la Fiscalía Anticorrupción como se le conoce, interviene inmediatamente en estos casos, a fin de realizar las investigaciones, recopilar evidencias y pruebas de los posibles delitos de corrupción y evitar que estas pruebas sean manipuladas o borradas y los equipos puedan ser desaparecidos, y así poder identificar a los responsables, ya que por el procedimiento serían varías personas involucradas y quizá no solo trabajadores del último escalafón laboral», dijo el concejal.

Carlos Gonzáles, prosiguió y dijo, «la intervención de la Fiscalía Anticorrupción hubiese sido el punto de partida para otras investigaciones en esta Gerencia de Desarrollo Vial y Transporte; ya que este caso nos puede inducir a suponer que, otros malos transportistas coludidos con personal municipal podrían haber cometido hechos similares».

Gonzales teme que se quiera encubrir a alguien en este caso, porque, «ya pasaron más de 15 días de presentada la solicitud de parte del gerente de Desarrollo Vial y ahora se tiene que esperar a que la Fiscalía Penal califique la denuncia y seguro derivará a la Fiscalía Especializada de Corrupción de Funcionarios, pero ya pasó demasiado tiempo dando ventaja a los involucrados y posibles responsables de este hecho irregular para que se pongan de acuerdo en sus coartadas o se manipulen las pruebas o equipos».

Frente a tremenda y presunta mafia, Carlos Gonzáles confirmó haber presentado dos documentos a la alcaldesa, Janet Cubas, solicitando el inicio de investigaciones al procedimiento administrativo de otorgamiento de TUC, autorización de incremento de flota de todas las empresas registradas formalmente y en todas las modalidades de transporte (taxi, colectivos, camionetas rurales, buses, otros) del período enero 2023 hasta marzo 2025, procedentes y no procedentes.

«También estoy exigiendo una investigación al procedimiento de otorgamiento de permiso provisional de paraderos de empresas de taxi y servicio urbano e interurbano (inicial – final) tanto de 30 y 60 días durante el periodo comprendido de enero 2024 a marzo del 2025 de parte de la Gerencia de Desarrollo Vial y Transportes – MPCh, procedentes y no procedentes», finalizó