En un operativo simultáneo ejecutado el pasado viernes 26 de junio, la fiscalía provincial Corporativa Especializada en Delitos de Trata de Personas de Lima, en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), logró el rescate de una menor de 9 años en el pueblo joven 19 de septiembre, ubicado en el distrito de Chiclayo. La intervención forma parte de una exhaustiva investigación por la presunta fabricación y distribución de material de abuso sexual infantil.
La intervención en el norte del país se desarrolló de manera paralela con la detención preliminar de Víctor Huaquisaca Calderón en el distrito de Yunguyo, región Puno, quien es investigado como presunto coautor del delito. Asimismo, las autoridades informaron que una mujer identificada como Nataly G. S. se encuentra bajo investigación por los mismos hechos.
Evidencia incautada
Durante el allanamiento a la vivienda en Chiclayo, el equipo fiscal y policial no solo puso a buen recaudo a la menor, sino que también incautó teléfonos celulares, equipos informáticos y diversos dispositivos electrónicos. Todo el material tecnológico será sometido a pericias especializadas para determinar el nivel de implicancia de los investigados y el alcance de la red criminal.
Alerta cibernética internacional
De acuerdo con la información brindada por el Ministerio Público, el caso comenzó a rastrearse en noviembre de 2025. La División de Investigación de Delitos Transnacionales (DIVIDT) de la PNP recibió un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), luego de que la gigante tecnológica Google emitiera una alerta sobre el uso de una cuenta de usuario para la posesión, fabricación y distribución de este material ilícito.
El dato: Las pesquisas tecnológicas permitieron a las autoridades rastrear cinco números telefónicos vinculados a la cuenta digital sospechosa; cuatro de ellos pertenecían a Nataly G. S., mientras que el quinto estaba a nombre de Huaquisaca Calderón. Esta evidencia técnica sustentó el pedido fiscal de detención y allanamiento.
El Ministerio Público ha ratificado su compromiso en la protección de las poblaciones vulnerables y señaló que las diligencias continuarán en los próximos días para esclarecer por completo los hechos y determinar las responsabilidades penales correspondientes.


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