La contratación de una profesional de Turismo y Negocios para desempeñar labores técnicas en materia sociolaboral en la Intendencia Regional de Sunafil Lambayeque ha desatado críticas por la falta de correspondencia entre su perfil académico y las funciones asignadas.

Yrma Yohana Echeverre Reque fue contratada como locadora de servicios mediante la orden de servicio N.º 0001913 para realizar labores vinculadas a denuncias por incumplimiento de normativas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Su designación, pese a no acreditar experiencia en estos campos, se formalizó el 26 de agosto de 2025 por un monto de S/ 3,200, con la aprobación del intendente regional, Roberto Javier Lingán Guerrero.

Entre las funciones asignadas figuran el seguimiento de plazos, registro de denuncias y respuestas a observaciones. No obstante, también deberá atender y calificar denuncias en materia sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, tareas que requieren formación especializada en derecho laboral. La Subintendencia de Fiscalización e Instrucción respaldó el contrato.

De acuerdo con los registros, no es la primera vez que Echeverre Reque accede a órdenes de servicio en la entidad. Desde 2024, año en que asumió el actual intendente, ha recibido varias contrataciones. Una de ellas, fechada el 12 de junio de 2025, ascendió a S/ 5,000.

Este hecho adquiere relevancia debido a lo señalado en la Ley N.º 30057, Ley del Servicio Civil, que establece sanciones por incumplir los principios de mérito y capacidad en las contrataciones públicas, así como lo dispuesto en el Decreto Supremo N.º 004-2013-PCM, que obliga a garantizar la idoneidad técnica del personal contratado.

Paralelamente, trabajadores de la IRE Lambayeque cuestionaron el reciente concurso para cubrir el puesto de Ejecutivo de la Subintendencia de Fiscalización e Instrucción. Según el cuadro de resultados, la ganadora —quien inicialmente ocupaba el cuarto lugar con 51 puntos en las evaluaciones de conocimiento y currículo— alcanzó un puntaje final de 88.33 gracias a una calificación de 39.33 en la entrevista, superando a Delgado Pérez Giancarlo, que obtuvo 88.67 puntos en el cómputo general.

El caso plantea la necesidad de que los órganos de control de Sunafil y la Contraloría General de la República revisen los procesos de contratación y selección en la sede Lambayeque, con el fin de garantizar transparencia, meritocracia y respeto a la normativa vigente.