La Corte Superior de Justicia de Lambayeque, a través del Octavo Juzgado de Familia – Subespecialidad en Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, resolvió dictar medidas de protección urgentes y firmes en favor de una adolescente de 16 años de edad, presuntamente víctima de un grave hecho de violencia sexual ocurrido en la vía pública, y cuyo caso fue reportado por su madre el 21 de abril de 2025.

Tras la denuncia presentada en la Comisaría PNP de Lambayeque y derivada desde el Centro de Emergencia Mujer, la magistrada Daysi Bravo Gamarra evaluó la gravedad del caso conforme al marco legal establecido por la Ley N.º 30364, que busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

En atención a la naturaleza de los hechos, a la especial condición de vulnerabilidad de la menor —quien además presenta discapacidad mental— y al principio de intervención oportuna, se resolvió prescindir de la audiencia oral por tratarse de un caso de riesgo severo, tal como lo permite la normativa vigente.

Certificado corrobora agresión sexual

Según lo actuado en el expediente, la agraviada fue abordada por un adulto mayor en un mototaxi, en circunstancias que son objeto de investigación por el Ministerio Público. Tras ser llevada a un hospedaje, la menor refirió haber sido víctima de agresión sexual, hecho que fue corroborado por el Certificado Médico Legal n.º 000947-DCLS, el cual evidenció lesiones recientes y signos físicos compatibles con abuso.

Con base en los elementos de convicción disponibles, y en observancia del principio del interés superior del niño, el despacho judicial dispuso las siguientes medidas de protección a favor de la adolescente:

• Prohibición absoluta de todo tipo de comunicación del denunciado hacia la víctima, ya sea por medios físicos o virtuales.
• Restricción de acercamiento a una distancia no menor de 200 metros respecto del domicilio, lugares de tránsito o entorno de la víctima.
• Instalación del aplicativo “Botón de Pánico”, para ser usado en caso de emergencia, debidamente coordinado con la Policía Nacional del Perú y serenazgo local.
• Patrullaje preventivo en las inmediaciones del domicilio de la víctima.
• Atención psicológica inmediata en el centro de salud más cercano, así como seguimiento social por parte del equipo multidisciplinario del módulo judicial.
• Incorporación en los servicios del Centro de Emergencia Mujer y Defensoría Pública para asegurar una atención legal y emocional integral.

Este caso fue derivado al Ministerio Público para la continuación de las diligencias penales en el Expediente n.º 5718-2025, que se encuentra en etapa de investigación en el Juzgado de Investigación Preparatoria de Lambayeque.