En el 2023 dejaron de exportar 2 mil 548 empresas, de las cuales 1,918 eran microempresas, 475 pequeñas, 99 grandes y 56 medianas, por lo que las autoridades no pueden cerrar los ojos ante esta realidad y deben apoyar para retomar el camino del Perú hacia el desarrollo, sin apagar los principales motores de la economía.

Así lo señaló el primer vicepresidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), César Tello Ramírez, quien alertó que, en este contexto, se conoció que el gobierno evalúa reducir la tasa del drawback de 3% a 0.5%, poniendo en riesgo los puestos de trabajo de miles de peruanos, generando una serie de problemas comerciales, laborales y una menor recaudación (Impuesto a la Renta e IGV).

Pérdida de competitividad
Opinó que el drawback es el único mecanismo del Estado para devolver a las empresas exportadoras no tradicionales parte de la competitividad perdida por los sobrecostos a los que están expuestos: laborales, tributarios, los generados por la inseguridad, el déficit de infraestructura y el incremento de los precios de los servicios públicos, muy por encima de la inflación.

“También asumimos un diferencial importante entre los niveles de inflación de los costos en soles y la devaluación de nuestra moneda frente al dólar americano. Entre enero del 2000 y agosto del 2024 tuvimos una inflación acumulada de 109% versus una devaluación del sol peruano de solo 7.5%”, refirió.

Los países con los cuales competimos –continuó– devaluaron sus monedas de manera importante, tal es el caso de Pakistán (437%), Colombia (112%), Indonesia (109%), México (106%), Vietnam (77%), Chile (76%). Adicionalmente, operan en Zonas Francas y/o Zonas Económicas Especiales con los beneficios que estos acarrean.

A todo esto, se suma el inminente incremento de la Remuneración Mínima Vital que afectará a las empresas, en particular a las pequeñas y microempresas, muchas de ellas atraviesan una situación económica muy complicada.

“Los anteriores gobiernos fueron conscientes de esta realidad y mantuvieron siempre este mecanismo. Es más, en el 2009 la tasa se incrementó a 8% en respuesta al colapso por la crisis económica mundial y, ya para el 2011, al recuperar los niveles previos, la tasa volvió al 5% original”, recordó Tello.

Añadió que, si bien las empresas reconocen la necesidad de generar más recursos fiscales, esto debe darse sin afectar a las exportaciones no tradicionales, que hoy en día representan casi el 30% de las exportaciones totales y ayudan a crear la mayor cantidad de empleos formales y dignos.

“Esta reducción también afectaría de manera grave a la agroindustria, que con el cambio de la Ley 27360 en el 2020 perdió no solo gran parte de los incentivos que permitía a las empresas invertir –diversificaron e incrementaron los cultivos–; sino que creó el conocido bono BETA, cuya aplicación hace insostenible los costos laborales. Muchos consideran que podría ser el comienzo del fin”, dijo.