Habiéndose constituido en uno de los casos más emblemáticos frente a los procesos de despojo de tierras que sufren los pueblos indígenas en todo el país, la Comunidad Campesina indígena Túpac Amaru II, ubicada en el distrito de Cañaris, Lambayeque, interpuso una demanda de amparo ante la corte superior de justicia de la región, en contra del Gobierno Regional al que le exige la restitución de su personería jurídica y de sus tierras ancestrales.

Este 22 de octubre se llevará a cabo la audiencia pública de vista de la causa en primera instancia en el 2° Juzgado Constitucional de Chiclayo.

Se recuerda que los comuneros de Túpac Amaru han denunciado que sufrieron la anulación de su personería jurídica de manera arbitraria a inicios de los años 90, en momentos que se reiniciaban las obras por el Proyecto Olmos, cuyas infraestructuras principales como la Presa Limón y el túnel del transvase, en sospechosa coincidencia se instalaron en territorio de esta comunidad.

Por esos años también, entre los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori se expropiaba 38 mil hectáreas a la Comunidad Campesina San Pedro de Mórrope y 111 mil hectáreas a la de Olmos, las mismas que se registrarían a favor del Proyecto Especial Olmos Tinajones PEOT.

En el 2017, el Gobierno Regional encabezado por Humberto Acuña Peralta resolvió dejar sin efecto los títulos de propiedad de la comunidad Túpac Amaru, poniendo en riesgo las más de 32 mil hectáreas comprendidas por su territorio ancestral. Y, desde entonces, la comunidad ha venido sufriendo el desmembramiento de su territorio, siendo el caso más arbitrario el hecho de que el predio denominado “Santa Lucía” ha sido revertido al dominio del Estado, inscrito a nombre del propio Gobierno Regional.

Además, se ha registrado que un área de 1000 hectáreas ha sido independizada, nuevamente, a favor del proyecto Olmos. Incluso, durante esta misma gestión de gobierno regional, se creó de manera inconsulta el Área de Conservación Bosque Moyán – Palacios en una extensión de 8,457.76 Has. del territorio de la comunidad.

También, se denuncia que otras 1700 hectáreas del territorio comunal habrían sido entregadas como concesiones mineras. Incluso se ha registrado que una de las titulares iniciales de estos denuncios habría sido la actual congresista por Lambayeque María Grimaneza Acuña Peralta, destacada miembro del poderoso grupo político-familiar Acuña Peralta.

Todo esto es claramente ilegal, según señala la comunidad campesina en la demanda de amparo presentada ante la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, puesto que siendo un pueblo indígena se tiene el derecho constitucional a la protección de su territorio.

Además, esta comunidad es reconocida en la práctica por las diversas instituciones públicas y privadas, como es ampliamente demostrado por los demandantes mediante un sinnúmero de documentos. Y si bien la formalidad legal de la personería jurídica, anulada por el Estado, se ha impuesto arbitrariamente, estos procesos según se sustenta en su demanda de amparo, no han anulado su existencia real y a lo largo de todos estos años.