El Órgano Sancionador de la Contraloría General de la República declaró consentida y firme la sanción de cinco años de inhabilitación para el ejercicio de la función pública impuesta a un exfuncionario de la Municipalidad Distrital de Mórrope (gestión edil 2019-2022) por responsabilidad administrativa funcional.

La conducta infractora cometida por el entonces funcionario público, considerada como muy grave de acuerdo al numeral 3, del artículo 46 de la Ley n.° 27785, fue “autorizar, ejecutar o influir de cualquier forma para la transferencia o uso irregular de patrimonio y recursos de la entidad, en beneficio propio o de un tercero, infringiendo las normas específicas que lo regulan y ocasionando perjuicio económico”.

En ese sentido, mediante la Resolución n.° 000188-2026-CG/OSAN, se declaró consentida y firme la sanción emitida en junio de este año contra el exsubgerente de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, quien también se desempeñó como jefe del área de Contabilidad y responsable suplente de las cuentas bancarias de la entidad entre diciembre de 2020 y diciembre de 2022.

La sanción administrativa deriva del Informe de Control Específico n.° 19789-2024-CG/GRLA-SCE, mediante el cual la Contraloría identificó un perjuicio económico de S/ 323 600 ocasionado por funcionarios de la gestión municipal 2019-2022, relacionado con el trámite, autorización y pago de servicios de consultoría que no se realizaron ni fueron acreditados documentalmente.

En el informe se señala que en el año 2021 la comuna realizó once pagos a una proveedora por la elaboración de fichas técnicas, a nivel de estudios de preinversión y formulación de expedientes técnicos, pero no se halló evidencia que acredite la entrega de los productos, su revisión o aprobación por parte de la entidad.

Entre los pagos irregulares figuran S/ 34 200 por un estudio de preinversión para la creación del Centro de Operaciones de Emergencia del distrito de Mórrope y S/ 33 400 por la actualización del expediente técnico del proyecto de reconstrucción del local escolar n.° 11066 Segundo Manuel Ruiz Sánchez, en Santa Isabel.

Además de dos pagos de S/ 33 000 cada uno por la elaboración del expediente técnico para el mejoramiento del servicio de transitabilidad entre el cruce canal Arbolsol y el anexo Montalván del caserío Arbolsol y por la reformulación y actualización del expediente técnico para el mejoramiento y ampliación del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales en el distrito de Mórrope.

El órgano de control también estableció que las fichas técnicas, a nivel de estudios de preinversión y expedientes técnicos, materia de los pagos observados, fueron contratados y elaborados por otros profesionales y/o empresas que igualmente recibieron pagos por dichos servicios.

Además, la proveedora incumplía con el perfil profesional requerido en los términos de referencia y con el requisito de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, capítulo de consultores de obra. La Contraloría también detectó irregularidades en las indagaciones de mercado debido a que personas y empresas vinculadas a cotizaciones utilizadas en el proceso negaron haberlas realizado o suscrito.

Con la declaración de firmeza de la sanción impuesta al exfuncionario, el Órgano Sancionador dispuso la conclusión del procedimiento administrativo sancionador en su contra y el archivo definitivo del Expediente n.° 0530-2024-CG/INSLAM respecto de los hechos imputados.