Un remezón de proporciones institucionales y legales sacude al sector agrario en la región Lambayeque ante la convocatoria de emergencia emitida por la Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Chancay Lambayeque a todos sus asociados para la realización de una Asamblea General Extraordinaria Presencial, cuyo único punto de agenda promete abrir una ‘caja de Pandora’ sobre el manejo del agua y los recursos económicos de la institución.

El documento, suscrito por el Ing. Gustavo Gonzales Gonzales, en su calidad de presidente de la Administración Provisional de la junta, convoca a la asamblea para el próximo jueves 30 de julio de 2026 a las 9:00 a.m. (primera citación) y 9:30 a.m. (segunda citación), en el auditorio institucional ubicado en la calle Juan Buendía N° 145, Urb. Patazca, Chiclayo.

Se informó que en la reunión se conformará una comisión investigadora encargada de evaluar la gestión correspondiente al período 2021–2025.

ANÁLISIS JURÍDICO
Desde la perspectiva del derecho administrativo y agrario (bajo el marco de la Ley N° 30157, Ley de Organizaciones de Usuarios de Agua, y la Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos), la emisión de este documento revela aristas crítico-legales de alto impacto.

El hecho de que la convocatoria esté firmada por el presidente de la Administración Provisional evidencia que la Junta de Usuarios Chancay-Lambayeque venía atravesando un periodo de inestabilidad institucional y controversia judicial, por lo que se hizo necesaria la intervención de la Autoridad Nacional del Agua (ANA).

Las administraciones provisionales asumen el control institucional con mandato de reordenamiento e institucionalización, por lo que este llamado a investigar responde al deber legal de deslindar responsabilidades antes de convocar a elecciones definitivas.

EVALUACION
Además, se debe de tener en cuenta que el periodo 2021–2025 abarca años críticos signados por emergencias climáticas (como el Ciclón Yaku y el Fenómeno El Niño Costero) e intervenciones de mantenimiento de infraestructura hidráulica del sector hidráulico menor.

La conformación de la comisión investigadora sugiere la detección previa de inconsistencias o presuntas irregularidades en el manejo de las tarifas de agua, con el posible mal uso o falta de sustento técnico-contable en la recaudación de las tarifas que pagan miles de agricultores del valle.

Además, se evaluará las licitaciones y contrataciones realizadas para la ejecución de obras de descolmatación, mantenimiento de canales, adquisición de maquinaria pesada y contratación de servicios; así como la gestión de personal y fondos institucionales, para detectar si hubo omisión de rendición de cuentas o vacíos en el inventario de activos.

RUTA PENAL Y CIVIL
De hallar indicios razonables de comisión de delitos (como administración fraudulenta, apropiación ilícita, falsedad ideológica o peculado en caso de manejo de fondos públicos delegados), las conclusiones de esta comisión investigadora servirán como insumo probatorio directo para la formulación de denuncias ante el Ministerio Público (Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios / Fiscalías Penales de Chiclayo) o demandas en la vía civil para la restitución del patrimonio e indemnización por daños y perjuicios contra directivos y exfuncionarios del periodo 2021–2025.