El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha emitido el Oficio Circular n° 074-2025-EF/50.07, mediante el cual declara la inaplicabilidad de los incrementos de dietas que muchas municipalidades aprobaron en 2025. La medida obliga a los regidores a restituir el dinero percibido en exceso, más los intereses legales correspondientes.

La controversia surge porque diversos concejos elevaron las dietas de sus regidores basándose en una interpretación que permitía cobrar hasta el 30 % del sueldo del alcalde. Sin embargo, el MEF ha sido enfático: desde el año 2006, las Leyes Anuales de Presupuesto Público prohíben estrictamente cualquier incremento de remuneraciones, dietas o bonificaciones en los tres niveles de gobierno, salvo autorización expresa por ley del Gobierno central.

Según el documento técnico, la Ley n° 32269 no exonera a los municipios de la prohibición establecida en la Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2025 (Ley n° 32185). En consecuencia, cualquier reajuste automático realizado este año carece de validez legal.

La advertencia del MEF es clara: los concejos municipales deben revertir sus acuerdos de inmediato y reajustar los pagos a los montos originales. Aquellos regidores que ya cobraron los montos incrementados deberán devolverlos, o de lo contrario enfrentarán:

Acciones legales: demandas civiles para la recuperación de fondos públicos.
Procesos administrativos: apertura de expedientes disciplinarios por responsabilidad en la gestión de recursos.

Responsabilidad del titular: El MEF recordó que, según el D.L. n° 1440, el alcalde es el responsable de priorizar el gasto y cumplir estrictamente las leyes presupuestales.

CRÍTICA A LA LABOR FISCALIZADORA
El informe del ente rector también desliza una crítica a la labor de los concejales, señalando que los incrementos son injustificables en un contexto donde se exige mayor eficiencia.

En la opinión pública, esto ha sido recibido como un llamado de atención a los denominados «regidores irresponsables» que priorizaron sus ingresos personales por encima de las metas y objetivos estratégicos de sus distritos y provincias.

«Cualquier beneficio económico de cualquier índole debe estar autorizado por una norma del Gobierno central. Si se pagó un incremento inexistente, este debe devolverse con intereses», sentencia el oficio circular.