Un nuevo golpe al tráfico ilegal de recursos forestales se registró en la región San Martín. La Policía Nacional del Perú (PNP), a través de una operación de inteligencia, logró la inmovilización de más de 14 toneladas de carbón vegetal en el distrito de Tingo de Ponaza, provincia de Picota, durante una intervención realizada el pasado martes 10 de junio.

El hallazgo fue posible gracias a un trabajo de seguimiento e inteligencia que permitió a los agentes identificar el predio donde se almacenaba el producto, presuntamente de origen ilegal. Esta acción se enmarca en la estrategia de prevención y control de delitos ambientales, mediante el análisis de amenazas y riesgos que afectan la conservación del medio ambiente en la región.

Durante la intervención, el propietario del terreno no presentó documentación que acreditara la legalidad del producto forestal, indicando que los documentos estarían en trámite en la sede central de la ARA en Moyobamba. No obstante, al no contar con pruebas fehacientes al momento, se informó inmediatamente al fiscal provincial de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Moyobamba, quien ordenó la inmovilización total del cargamento.

Según estimaciones preliminares, el carbón vegetal intervenido tendría un valor comercial aproximado de S/ 147 mil soles, lo que representa una significativa afectación a los intereses de quienes estarían involucrados en su producción y comercialización ilegal.

Las autoridades recordaron que la extracción, transporte y comercialización de productos forestales sin la debida autorización constituye un delito ambiental, sancionado con penas de prisión, multas económicas y otras medidas disuasivas establecidas en la legislación peruana.

Además del impacto económico, estas actividades ilegales generan graves daños ecológicos, como la pérdida de cobertura forestal, afectación a la biodiversidad y deterioro de ecosistemas fundamentales como los bosques secos y húmedos de la región San Martín.

Este operativo pone en evidencia la necesidad de reforzar los mecanismos de control interinstitucional y continuar promoviendo una gestión forestal responsable y sostenible, con participación de las autoridades ambientales, cuerpos policiales, fiscalía y ciudadanía organizada.