Un reciente documento interno ha vuelto a encender las alertas sobre la transparencia en los pagos y contrataciones por locación de servicios dentro de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en Lambayeque.

El Memorándum N.° 001245-2025-SUNAFIL/IRE-LAM, suscrito por el intendente regional Roberto Lingán Guerrero, ha reavivado el debate respecto a los criterios utilizados para aprobar servicios y desembolsos económicos en la entidad.

El caso gira en torno a la licenciada en Turismo Yrma Yohana Echeverre Reque, quien obtuvo conformidad de pago por labores de carácter legal y técnico en el área de Fiscalización e Instrucción, pese a no poseer formación ni experiencia vinculada a normativa sociolaboral ni a seguridad y salud en el trabajo.

Dicha aprobación se ampara en el Informe N.° 000212-2025-SUNAFIL/IRE-LAM/SIFN, elaborado por la subintendente de Fiscalización e Instrucción, Katherine González Távara, quien dio el visto bueno a la Orden de Servicio N.° 1913-2025 por los servicios prestados entre el 27 de agosto y el 24 de septiembre de 2025, orientados —según se indica— a reducir el pasivo de denuncias pendientes en la fase fiscalizadora.

En la Carta N.° 1-2025/YYER, dirigida al titular regional, Echeverre Reque detalla las actividades desarrolladas, que incluyeron apoyo en la atención de denuncias por presunto incumplimiento de normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo, además de la revisión y calificación de respuestas vinculadas a cartas disuasivas del Lote N.° 1419-2025 de fiscalización documental, referido al cumplimiento de la cuota de empleo para personas con discapacidad.

Paralelamente, en la propia sede regional de Sunafil Lambayeque se comenta con preocupación la constante ausencia del intendente Lingán Guerrero, quien, según fuentes internas, permanecería escasas horas en su despacho. Estas versiones han motivado pedidos para que se verifique si dichas ausencias responden a motivos institucionales o personales.