La Contraloría General de la República realiza un operativo nacional con el despliegue de 1,200 auditores para supervisar la llegada del material electoral a los locales de votación habilitados para la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, a realizarse este 7 de junio. En Lambayeque, el equipo regional fiscaliza el traslado del material en las tres Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de Chiclayo, Lambayeque y José Leonardo Ortiz, como parte de la verificación en las 126 ODPE del país.
El objetivo del operativo es generar valor público mediante intervenciones de control que revelen, alerten y comuniquen situaciones adversas a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) o al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), para promover medidas preventivas y correctivas oportunas.
En el ámbito macro, la Contraloría supervisó el traslado y entrega del material electoral a las oficinas consulares a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores. Posteriormente, el Órgano de Control Institucional de la ONPE realizó visitas de control al proceso de impresión y ensamblaje, mientras que el OCI del JNE efectuó control a los procesos de contratación de fiscalizadores de locales de votación.
En Lambayeque, la labor de la Contraloría se concentra en tres puntos:
1. En las ODPE: se verifica la recepción oportuna del material electoral, la contratación del servicio de transporte de las ODPE a los locales de votación y su distribución final.
2. En almacenes: se confirma el despliegue del material desde los almacenes de la ONPE hacia los locales.
3. En locales de votación y mesas de sufragio: antes de la jornada se constata la recepción del material, la participación de fiscalizadores del JNE y coordinadores de ONPE, y la instalación de mesas. Tras el sufragio se coteja el cierre y el transporte del material electoral crítico de los locales de votación a las ODPE.
A nivel nacional, la Contraloría logró cubrir más de 500 locales de votación con el apoyo de 1,200 auditores, priorizando locales con mayor cantidad de mesas y electores, mesas de la serie 900k y al menos un local por provincia. La intervención se sustenta en la Ley N° 27785 y la Directiva N° 013-2022, aprobada con Resolución de Contraloría N° 218-2022-CG.


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