Un grave escándalo sacude a la Policía Nacional en el distrito de José Leonardo Ortiz, tras la detención de dos efectivos acusados de cometer un presunto delito contra una menor de 14 años. El caso ha generado profunda indignación social y rechazo ciudadano, al involucrar a agentes que, por su función, están llamados a proteger la integridad y los derechos de la población, especialmente de los más vulnerables.

Los intervenidos fueron identificados como Elvis Uriarte Jiménez y Segundo Sánchez Muñoz, quienes prestaban servicio activo de patrullaje en las calles del distrito leonardino. La detención se produjo luego de la denuncia formal presentada por el padre de la menor, quien relató hechos alarmantes que comprometen seriamente la conducta de los policías.

De acuerdo con la denuncia del padre, la adolescente habría sido abordada por los efectivos PNP y obligada a subir en dos ocasiones a un patrullero. En el primer intento, los agentes habrían forcejeado con la menor, jalándola contra su voluntad e inclusive la habrían besado a la fuerza, lo que desató la alarma de los familiares y vecinos, quienes intervinieron de inmediato. El hecho fue puesto en conocimiento de las autoridades, activándose los protocolos de intervención y dando inicio a las diligencias preliminares.

Tras recabar los primeros elementos de convicción, ambos suboficiales fueron detenidos por la presunta comisión del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de inducción a la fuga, quedando a disposición de la unidad especializada bajo la conducción del Ministerio Público, que determinará su situación legal.

De manera paralela, la Oficina de Inspectoría General de la Policía Nacional inició un proceso administrativo disciplinario por presunta falta grave, procedimiento que podría derivar en la separación definitiva de la institución si se confirman las imputaciones.

Asimismo, se conoció que el suboficial Segundo Sánchez Muñoz registra otras denuncias previas por presuntos actos de violencia contra terceros y contra su expareja, lo que agrava aún más su situación legal y administrativa, y refuerza la necesidad de una investigación rigurosa para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.