La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) ha identificado que, al cierre del septiembre, el Gobierno Regional de Lambayeque ejecutó el 53% de su presupuesto, una cifra menor a la registrada en el mismo periodo de 2024 (56%). Con ese nivel de ejecución, Lambayeque se ubica entre las seis regiones con menor avance en inversión pública del país.

En tanto, las municipalidades solo ejecutaron el 41% de su presupuesto, con más de S/325 millones pendientes de uso. Distritos como Salas y Manuel Antonio Mesones Muro muestran los mayores rezagos, con ocho de cada diez obras sin avance.

“Ejecutar apenas la mitad del presupuesto a estas alturas del año significa que muchas obras siguen esperando. Esa lentitud tiene un costo: hospitales inconclusos, colegios en mal estado y familias que no acceden a agua segura. En la última década, Lambayeque ha invertido cerca de la mitad de su presupuesto en los últimos meses del año, reduciendo el tiempo para supervisar y elevar la calidad de las obras. Una gestión planificada y constante permite que la inversión pública se traduzca en servicios de calidad y bienestar para la población”, señaló Carlos León, economista de REDES.

Algunos proyectos a cargo del Gobierno Regional de Lambayeque muestran un avance significativo, como el Túnel Trasandino, la Presa Limón y el Hospital de Ferreñafe, todos con avances superiores al 60%. En cambio, el establecimiento de salud de Monsefú no alcanza ni el 1% de ejecución, y casos similares ocurren con el sistema hidráulico de Pampagrande y el malecón turístico de Santa Rosa, que también muestran avances mínimos.

“Cuando los recursos públicos no se ejecutan a tiempo, las familias terminan asumiendo gastos que deberían estar cubiertos por el Estado. Muchas tienen que recorrer grandes distancias para acceder a un establecimiento de salud o algún local educativo, y otras compran bidones de agua o pagan cisternas ante la falta de un servicio continuo. Si el Estado garantiza el acceso a servicios básicos, las familias podrán concentrarse en destinar sus recursos a mejorar su bienestar y, así, salir de la pobreza”, añadió León.

En la región, solo el 16% de los hogares dispone de agua las 24 horas del día, mientras que uno de cada cinco todavía carece de servicio de saneamiento. Además, pese a tener una de las tasas de pobreza más bajas del país, más de 192 mil personas continúan en situación de vulnerabilidad.

“Para lograr que la inversión pública transforme vidas, es fundamental planificar bien desde el inicio y asegurar continuidad en la gestión. Los proyectos deben tener estudios sólidos, equipos preparados y procesos transparentes. Cuando las obras se diseñan con responsabilidad y visión de largo plazo, los resultados llegan antes y benefician a más personas. Cada sol invertido con eficiencia significa aulas seguras, hospitales operativos, carreteras transitables y agua limpia en los hogares. Invertir bien es la mejor forma de asegurar un crecimiento con oportunidades para todos”, concluyó el economista.