Tras el lanzamiento del Terminal Portuario Multipropósito de Lambayeque, presidido el fin de semana por la presidenta Dina Boluarte, vecinos y dirigentes de Puerto Eten exigieron el reconocimiento público de la labor del exalcalde Teodoro Granados Calderón y de otros ciudadanos notables que, en 2003, iniciaron una extensa batalla legal y política para recuperar más de 1,300 hectáreas vendidas de manera irregular y fundamentales para el desarrollo del futuro puerto.

La concesión irregular de esos terrenos a favor de la empresa Inversiones Stop data de 1998. En 2003, durante la gestión de Granados Calderón, la Municipalidad Distrital anuló la concesión e impulsó acciones judiciales para restablecer el dominio público de las áreas afectadas. El caso llegó hasta la Corte Suprema de la República, que confirmó la anulación dictada por los tribunales lambayecanos. En 2020, el Tribunal Constitucional declaró improcedente el reclamo de Inversiones Stop para recuperar la titularidad de los predios.

La intervención municipal y judicial impulsada por Granados Calderón impidió la consolidación de la privatización de terrenos costeros y colindantes al mar, cuya pérdida habría afectado la posibilidad de instalar muelles, zonas logísticas y áreas de expansión necesarias para un terminal marítimo competitivo. Gracias a esa defensa, las áreas quedaron bajo vigilancia pública y el tema pasó a formar parte de la agenda política regional y nacional.

Sin embargo, la ciudadanía expresó su desconcierto porque ni el actual alcalde, Luis Baca Castañeda, ni otras autoridades presentes en la ceremonia de lanzamiento mencionaron el papel decisivo de Granados Calderón en la recuperación de los terrenos. Para vecinos y dirigentes locales, omitir ese antecedente equivale a desconocer la historia y a borrar un capítulo clave en la defensa del patrimonio porteño.

Los vecinos además demandan que la planificación y el otorgamiento de concesiones del proyecto portuario se realicen con transparencia, participación ciudadana y respeto por los derechos del distrito, y piden un reconocimiento formal a quienes defendieron el territorio en su momento.

Personas cercanas al exalcalde recuerdan que el reconocimiento a la gestión de Granados Calderón no solo constituye un acto de justicia histórico, sino también un llamado a que las nuevas etapas del proyecto se ejecuten con responsabilidad, control social y prioridad por los intereses de la comunidad porteña, para evitar que el desarrollo económico repita errores del pasado.